Informaba la BBC el 26 de abril de 2008 de la liberación de los tripulantes del pesquero "Playa de Bakio". Aludía también a los silencios del gobierno español acerca del pago de un rescate y de la cacareada voluntad del mismo para evitar nuevos episodios de piratería sobre buques españoles. En realidad, si creemos a la BBC, se pagaron 1,2 millones de euros que fueron transportados por cinco hombres en una bolsa que fue entregada en el propio pesquero para que se marchasen los piratas somalíes. Un funcionario del gobierno somalí informó de ello cumplidamente.
Parece, pues, razonable sospechar que el gobierno español pagó un cuantioso rescate sin adoptar ninguna otra medida capaz de garantizar eficazmente la seguridad de nuestros pesqueros en el futuro. La prueba de contraste ha sido el apresamiento de otro buque, el "Alakrana". Esta vez cuentan los piratas con un mayor número de tripulantes y la inercia de un gobierno que está más dispuesto a pagar que a correr riesgos. Por añadidura, el gobierno tiene encima la presión de la opinión pública y de los familiares, además de las consecuencias derivadas de la torpeza de apresar a dos de los piratas fuera del buque español. No parece muy claro que puedan ni deban de ser juzgados por la Audiencia Nacional pero, con todo, lo más patético ha sido el espectáculo público de las debilidades de un sistema judicial que estuvo empantanado cerca de una semana acerca de la mayoría de edad de uno de los piratas capturados.
A estas alturas, no le quedan muchas opciones definitivas al gobierno español. Además de ganar tiempo y realizar maniobras de distracción -cosa que hace a la perfección- tiene ante sí dos caminos: o pagar y cerrar el asunto, o intervenir militarmente para conseguir la liberación. La torpe estrategia de contar con dos piratas como moneda de cambio ha resultado ser más una fuente de problemas que un instrumento de solución.
La primera parece la más plausible, habida cuenta de las alturas a las que nos encontramos. Ceder al chantaje soluciona, de momento, el problema, aunque tiene un coste en términos de opinión, humillación (los dos piratas probablemente tendrían que ser devueltos) y posible repetición del episodio en otro buque español (habida cuenta de nuestra facilidad de pago). La alternativa -es decir, la operación militar de abordaje- es más arriesgada y podría suponer un coste en sangre.
Después de cerca de un mes sin haberse ocupado mucho del asunto, al menos a ojos de los familiares más directos y afectados, no parece aconsejable una operación militar que conlleve muertos. Tampoco facilita una acción de esa naturaleza el viaje de destacados miembros del gobierno español a la Argentina para ocuparse, obviamente, de otros asuntos. Pero, por otra parte, la captura de más de treinta hombres les otorga a los piratas la posibilidad de realizar una macabra entrega de asesinados en dosis calculadas, lo cual abriría otro escenario.
Si se produce el primer asesinato, el gobierno podría poner en marcha la operación de asalto bajo la justificación de la salvación de vidas. Sólo en ese caso, todo el mundo entendería la alternativa militar. La espera, en este caso, es otra estrategia.
Pero si lo que se busca es salvar todas las vidas de todos lo antes posible, parece aconsejable pagar e, incluso, liberar a los dos piratas en el mismo paquete (con lo cual, tal vez consigamos una rebaja). Una vez hecho esto, es el gobierno el responsable de evitar la repetición de este tipo de graves incidentes. Y tiene medios para ello. Uno es armar a los buques con presencia militar puesto que tenemos capacidad y efectivos suficientes para ello. A continuación, parece aconsejable imitar a Francia y desarrollar una o varias acciones de castigo contra la piratería. No sería mala idea preparar una operación militar justo inmediatamente después del pago del rescate, con el objetivo añadido de recuperar el dinero entregado. Le queda otra, por cierto, aunque menos honrosa: invitar a que todos los buques mercantes y pesqueros españoles se retiren de la zona.
Quizás sea preciso recordar que los gobiernos están para gobernar y que gobernar significa tomar decisiones tras una deliberación racional. Se pueden equivocar o pueden acertar. Lo que no es de recibo es que un gobierno se mueva siempre entre las tinieblas de la duda esperando a que el tiempo, el milagro o los demás nos resuelvan nuestros propios problemas. Demasiada fe desarrollan los que tan laicos se muestran.
Desde luego, no ayuda a una percepción positiva de las cosas el que el presidente viaje a Polonia para, desde allí, "involucrarse personalmente" en el tema. Menos ayuda el hecho de que el presidente pretenda darnos lecciones de historia contemporánea comparando la caída del muro de Berlín con la muerte de Franco. Ya sabíamos que la ignorancia es atrevida. Pero intentar convertirse en historiador aficionado desde el poder con 36 hombres secuestrados es, sencillamente, patético. Patético hasta el vómito. Y mira que tiene asesores.
