A finales de enero de 2013, el
Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que avala la restitución de
documentos incautados durante la guerra civil a la Generalitat de Cataluña. El
litigio viene de lejos, cuando el Ayuntamiento de Salamanca presentó un recurso
ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la orden del Ministerio
de Cultura que, de madrugada, sacó los papeles reclamados para enviarlos hacia
Cataluña. En el año 2008, la Audiencia falló en contra de los deseos del
consistorio salmantino y éste, a su vez, presentó un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo. Por su parte, la Junta de Castilla-León presentó un
recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de la Ley
21/2005 de 17 de noviembre, de
restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con
motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil
Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Con
el fallo del Constitucional, el asunto está cerrado: la restitución fue
correcta y legal.
Que ha mediado la política a lo largo de la querella resulta evidente. Entre
los que se mostraban en contra de la Ley 21/2005 se contaban administraciones
gobernadas por el PP. Los que la defendían estaban alineados con el difuso
universo progresista generado en torno a la figura de José Luis Rodríguez
Zapatero. Tras todo el juego se encontraba un fugaz pacto político de Esquerra
Republicana de Catalunya con el PSOE de aquel entonces. Más allá de la esfera
política, la querella se apoderó de sectores de la sociedad y alcanzó al gremio
de los historiadores. Quien criticase la medida corría el riesgo de ser
sospechoso de reaccionarismo (aunque no lo practicara); por el contrario, quien
apoyase dicha Ley era bendecido con el oportuno pedigrí progresista (por más
que estuviera bastante lejos de serlo). Las polémicas se reavivaron con la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que
se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura
(más conocida “ley de la memoria histórica”). Tras ello, el rango de
reclamantes de documentos se fue ampliando a particulares y entidades, a través
de una interpretación muy generosa de la Ley 21/2005. El resultado: se ha ido
produciendo una filtración progresiva de documentos originales del archivo
salmantino, aún no concluida porque las reclamaciones no han cesado, ni es
previsible que lo hagan. Ciudadanos españoles con residencia en Cataluña han
recuperado sus documentos, aunque –eso sí- el Departamento de Cultura de la
Generalitat recomendaba que dichos fondos privados fuesen depositados en el
Arxiu Nacional de Catalunya para garantizar su conservación y consulta. El
pecado original del expolio, al parecer, desaparecía con el traslado de un
archivo a otro.
Hace pocos días, el profesor
Julián Casanova se lamentaba en El País
de la oportunidad que hemos desaprovechado para crear “un archivo de la
historia y de la memoria de la guerra civil y de la dictadura”. No le falta
razón, aunque hay que reconocer que desde la Ley 21/2005 hasta la reciente
decisión del Tribunal Constitucional, ese objetivo se antoja bastante
inalcanzable. La obsesión fetichista por la posesión física del documento se ha
superpuesto a los intereses de la investigación, despreciando el incremento de
gastos derivado de la conservación dispersa de notables volúmenes de
documentación.
No resulta difícil imaginar que cierto
número de particulares, ayuntamientos y otras comunidades autónomas puedan
exigir los mismos beneficios que, coyuntural y excepcionalmente, se cedieron a
la Generalitat. Todo esto con una autodeterminación en el horizonte, amamantada
por el reconocimiento de relaciones bilaterales entre el Estado y una de sus
autonomías. Los lodos siempre tienen sus polvos. De poco sirve lamentarse ahora
cuando antes se aplaudía el fuego.
El futuro tal vez convierta los
archivos en grandes repositorios digitales. Obviamente, eso no ahorrará los
crecidos gastos de conservación de los documentos originales centrifugados por
todo el país pero, al menos, dispondremos de un centro coordinado que digitalice
y publique en red. Quizás esto suene a sofisticación tecnológica cuando todavía
hoy, en los archivos dependientes de Cultura, los investigadores están
obligados a solicitar reproducciones porque está prohibido hacer fotografías de
los documentos consultados. Raro país de aún más extrañas regiones y
nacionalidades.
Publicado en Diario de Sevilla, 8 febrero 2013
